Las obras de la piscina municipal de San Miguel de Abona, iniciadas en el año 2004, definitivamente no se terminarán. El grupo de gobierno (CC) ha decidido abandonar la obra que está a medio hacer en pleno casco sanmiguelero, concretamente, al lado del pabellón de deportes Jonay Risco Perez, tirando a la basura 800.000 euros.

“La infraestructura que nos ha costado 800.000 € a todos los sanmigueleros y sanmigueleras ha sido abandonada por el grupo de gobierno. Coalición Canaria ha renunciado a terminarla dejando este mamotreto en el casco del municipio y ahora pretenden hacer otra piscina en otra parte. Yo me pregunto ¿no es más fácil terminar esta infraestructura?”, aseguró el concejal y Secretario General del PSOE de San Miguel de Abona, José Carlos Rodríguez Rodríguez.

Seguidamente, Rodríguez Rodríguez, subrayó que “el despilfarro de dinero, los despropósitos de este grupo de gobierno no tienen nombre, no hay, no se aprecia una planificación para el municipio”.

Lo que no se puede entender es que se quiera hacer una nueva piscina, cuando se puede aprovechar la que está hecha, por ese motivo, “el PSOE de san Miguel de Abona no está a favor de crear una nueva piscina, porque hay que aprovechar lo que tenemos y terminarlo, lo que hay que tener es un mínimo de lógica y respeto por el dinero público”.

Histórico de la piscina municipal de San Miguel de Abona

El proyecto de ejecución y dirección de obra se redactó en 2002 y consistía en dos fases, la primera, suponía la estructura de la piscina y la segunda, la instalaciones técnicas y la cubierta, es decir el techo. En cuanto a la primera fase, el acta de replanteo e inicio de obras tuvo lugar en febrero de 2003, en este punto, se realizó el grueso de la obra que a día de hoy (año 2022), es lo que se puede ver tras el vallado perimetral de seguridad mal colocado desde hace años.

El proyecto fue reformado en 2005 para adecuarlo al entorno del pabellón deportivo del casco, el reajuste suponía un coste final de ejecución de la piscina que rondaba los 2.500.000 euros. La ejecución fue aprobada ese mismo año en comisión de gobierno. La obra fue adjudicada el 3 de diciembre de 2005 y contratada el 13 de febrero de 2006.

En marzo de 2006, se formaliza el acta de replanteo y comienzo de obra en la cual se establece que solo se pueden realizar trabajos de acondicionamiento y limpieza, ya que es necesaria la redacción de un nuevo proyecto técnico modificado, es decir, un tercer proyecto que modificara los dos anteriores. 

En mayo de 2007, la empresa constructora comunicó al ayuntamiento que hacía un año (2006) que habían terminado los trabajos de limpieza y acondicionamiento. La empresa quedaba a la espera del tercer proyecto reformado para poder continuar con la culminación de las obras de la piscina.

El 25 de mayo de 2007, al no estar redactado el tercer proyecto, el ayuntamiento no lo había encargado, la junta de gobierno local tuvo que suspender el contrato con la constructora. En febrero de 2008, se adjudicó la redacción del tercer proyecto de la piscina. Un mes más tarde se presenta en el ayuntamiento, pero no es aprobado porque el ayuntamiento en esa fecha tenía una deuda de más de 11 millones de euros que había dejado CC y el país entero se encontraba en recesión económica.

El 23 de marzo de 2015, la empresa constructora, tras años de espera, solicita la resolución del contrato y  el pago de las indemnizaciones pertinentes que son: aval bancario: 8.036,82 €, gastos en obra: 27.710 € y sus intereses: 14.963,40 €; lucro cesante: 117.609,75 € y sus intereses  53.512,41 € ”, en total, 221.832,38 euros. A todo esto, hay sumar medio millón de euros que son de la estructura ya realizada, en total 800.000 euros tirados a la basura.