La falta de rigor de Coalición Canaria en la supervisión del padrón municipal ha llevado al Ayuntamiento de San Miguel de Abona al colapso

La formación socialista se muestra perpleja ante la pasividad de Coalición Canaria, actual partido de gobierno en San Miguel de Abona, al no haber ejercido un mayor control sobre el padrón municipal, dada la la reciente detención de un ciudadano acusado de facilitar la inmigración irregular y falsedad documental, a través de empadronamientos fraudulentos en el municipio.

La detención, realizada por la Policía Nacional el pasado 10 de octubre, desveló que el acusado había inscrito en su domicilio a 64 personas de manera fraudulenta, quienes, según apuntan las investigaciones policiales, abonaban entre 200 y 350 euros para obtener un certificado de empadronamiento. Este documento resulta clave para iniciar el proceso de regularización de su situación en España, pese a que ninguno de los empadronados residía realmente en la vivienda del detenido.


“El gobierno municipal, liderado por Coalición Canaria, ha fallado en su deber de asegurar el correcto funcionamiento de un registro tan fundamental como el padrón municipal. Es inaceptable que no se haya realizado un seguimiento riguroso de este proceso, ya que esta falta de control afecta directamente a nuestros vecinos, quienes ya están sufriendo las consecuencias de este acto irresponsable. Ahora, se les exige una cantidad de documentación excesiva, tratándolos casi como si fueran presuntos delincuentes. Como de costumbre, las vecinas y vecinos honestos pagan las consecuencias, mientras el grupo de gobierno se exime de toda responsabilidad”, destaca la concejala Carol Alejandra Correa Correa.

La investigación, iniciada en abril de este año, ha dejado al descubierto prácticas fraudulentas que no solo atentan contra la legalidad. La formación socialista exige a Coalición Canaria que asuma su responsabilidad ante este incidente y tome medidas para garantizar que el padrón municipal cumpla con los estándares de rigor y legalidad necesarios.

“Es inadmisible que un acto de tal gravedad haya tenido lugar sin una reacción adecuada por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrar y salvaguardar los intereses de la ciudadanía en San Miguel de Abona”, concluye Correa.