La propuesta socialista se centraba en cumplir lo estipulado en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la cual explica que las administraciones públicas cooperarán y colaborarán en materia de protección animal.

El objetivo de esta iniciativa, que ha sido propuesta por Érika Sánchez Quintero, experta en Administración de Negocios Internacionales y componente del PSOE de San Miguel de Abona, “era dar una solución, desde lo público, a las comunidades de animales asilvestrados y al mismo tiempo, fomentar la adopción”.

Por su parte, el Secretario General y portavoz de los socialistas sanmigueleros, José Carlos Rodríguez Rodríguez, ha puntualizado que “la iniciativa no podrá ejecutarse porque Coalición Canaria votó en contra y los demás partidos políticos no asistieron al pleno donde se debatió esta propuesta”.

Según el artículo 22 de la ley de protección animal, corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello, se deberá contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podría realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal.

Además de cumplir lo establecido en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la propuesta pretendía destinar la infraestructura situada en la calle Drago, Polígono 11 Parcela 61, Tapao Bajo, con referencia catastral: 38035A011000610000RQ, de propiedad municipal, como Centro Público de Protección Animal Integral y gestionar dicho centro desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona conjuntamente con las entidades de protección animal cuya sede fiscal se encuentre en el municipio.