La mala gestión económica del grupo de gobierno ha costado al pueblo sanmiguelero 426.000 euros
El ayuntamiento condenado a pagar por sentencia judicial.

En el último pleno municipal, la gestión económica centró el debate de la mayor parte de los puntos a debatir. Nada más iniciar la sesión, se tuvo que debatir un reconocimiento extrajudicial de crédito, para poder legalizar el pago de 426.000 euros a una empresa que denunció al Ayuntamiento por no corresponder, de manera justa y equitativa, la parcelación realizada por el propio consistorio en del Plan Parcial del Polígono de LLano del Camello y en la cual, esta empresa, se vio perjudicada al asignarle menos superficie de la que le correspondía.

El informe del interventor con respecto a este tema fue desfavorable, por no proceder al pago que es de obligado cumplimiento, sino por el hecho de que no se presupuestó este gasto para 2023, a pesar de que el grupo de gobierno (CC) tenía conocimiento de esta obligación de pago desde la legislatura anterior, porque así estaba reflejado en el presupuesto de 2022.

En este sentido, el concejal Francisco Javier Menejal Segura subrayó “en el citado informe se recogen defectos formales y de procedimiento en el expediente”. En este sentido, Menejal preguntó al grupo de gobierno “¿eso qué significa, qué San Miguel va por libre?. Por qué no se produjo el pago de las facturas en tiempo y forma, así como por qué no se previó el pago de esta sentencia judicial, en resumen, para el también experto en administración y dirección de empresas y asesor financiero, “la mala gestión de las cuentas públicas, está costando dinero a los sanmigueleros y sanmigueleras”.

El reconocimiento extrajudicial de créditos implica la aplicación al presupuesto vigente de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores sin el cumplimiento de los trámites preceptivos incumpliendo, entre otros principios, el plan general de contabilidad pública.

Finalmente, el concejal detalló que “el grueso de este reconocimiento extrajudicial de crédito, es decir, el 85 % se ha tenido que destinar a pagar 426.000 € a una empresa por una sentencia judicial, lo cual tampoco deja en buen lugar al ayuntamiento, ya que no ofrece seguridad a las empresas, que al final se ven en la obligación de enfrentarse en un juicio contra el propio ayuntamiento”.