San Miguel de Abona se verá obligado a pagar 815.085,56 euros por la mala gestión urbanística. El presupuesto de 2021, que ya ha sido modificado en varias ocasiones, tendrá que asumir un nuevo problema, se trata de las indemnizaciones o compromisos de pagos que, por sentencia judicial, debe ejecutar el Ayuntamiento.

“La mala planificación urbanística de quien rige la alcaldía sanmiguelera y también la concejalía de urbanismo durante las últimas décadas, es el responsable de que el pueblo de San Miguel tenga que pagar esta cantidad de dinero”, afirma el concejal del PSOE de San Miguel de Abona, José Carlos Rodríguez Rodríguez.

Una de las indemnizaciones que hay que pagar de manera obligatoria, dado que es una sentencia judicial en firme, es la de una reparcelación en Llano del Camello, la cual costará a las arcas sanmigueleras la cantidad de 427.000 euros.

Los otros expedientes, que se encuentran en fase administrativa, responden a una ocupación de suelo privado por parte del Ayuntamiento a un particular en Punta del Lomo (Guargacho), por un importe de 202.000 euros y la reclamación por lucro cesante (ganancia potencial dejada de obtener), de la empresa que tenía la adjudicación de la obra de la piscina municipal, que está paralizada desde 2006.

Lo que iba a ser la piscina municipal, que se ubica al lado del Pabellón Deportivo Municipal Jonay Risco Pérez y cuya indemnización asciende a los 186.085 euros, supone una promesa incumplida de CC, “lo que no se puede explicar, de ninguna manera, es que quieran hacer una piscina nueva, cuando tienen esta sin terminar”, subrayó el concejal.

El concejal socialista José Carlos Rodríguez Rodríguez, reiteró que “estos dos últimos expedientes no están cerrados del todo, sin embargo, el grupo de gobierno, ya ha consignado las cuantías económicas porque saben que hay que pagar la obligación de deuda”.