El funcionamiento interno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona volvió a centrar parte del debate político durante el último pleno municipal, después de que el alcalde reconociera públicamente que la centralita del consistorio está siendo atendida por personal de confianza.

La cuestión fue planteada por la concejal socialista Érika Sánchez Quintero, quien preguntó directamente al alcalde por qué las llamadas de la centralita municipal están siendo respondidas por personal eventual en lugar de empleados públicos. En su respuesta, Arturo González justificó esta situación alegando falta de personal y medios en el Ayuntamiento.

Según explicó el alcalde, “la centralita está siendo atendida por personal de confianza en labores de atención al ciudadano”, argumentando además que el Ayuntamiento no dispone actualmente de suficientes recursos humanos para que ese servicio sea desempeñado por personal funcionario o laboral municipal.

La respuesta provocó la crítica inmediata de la concejala socialista, quien recordó que el personal eventual tiene funciones exclusivamente de asesoramiento político y no puede asumir tareas administrativas o de atención ordinaria a la ciudadanía. Según señaló Érika Sánchez Quintero, concejala del PSOE San Miguel de Abona, “el personal eventual no puede hacer labores de auxiliar administrativo; para eso hay que aprobar una oposición. Las funciones del personal de confianza son asesorar políticamente, no gestionar la centralita del Ayuntamiento”.

La edil socialista recordó además que el acceso al empleo público está regulado por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y exige preparación, estudio y la superación de un proceso selectivo. “Quienes trabajan como auxiliares administrativos o personal municipal han tenido que estudiar y aprobar una oposición para ocupar su plaza. No se puede sustituir ese trabajo por cargos nombrados políticamente”, afirmó.

Érika Sánchez advirtió además de la preocupación que genera que sean cargos de confianza quienes filtren o reciban directamente las llamadas de vecinos y vecinas al consistorio. “Da la sensación de que quieren saber quién llama, qué necesita la ciudadanía y tener controladas las demandas vecinales desde un ámbito político que no debería intervenir en ese servicio”, señaló.

Esta es una situación grave que el PSOE San Miguel de Abona ya ha puesto en conocimiento de la Secretaría del Ayuntamiento mediante un registro de entrada en el que se solicita que se analice lo que está ocurriendo y se adopten las medidas necesarias.

El grupo socialista considera que Coalición Canaria está normalizando unas prácticas que desdibujan la separación entre la estructura política y la administración pública. Por ello, insiste en que la atención ciudadana debe prestarse desde la neutralidad institucional, con personal municipal cualificado y respetando escrupulosamente la normativa de empleo público.