El PSOE lleva a los juzgados el Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona El documento urbanístico
El documento urbanístico deja viviendas fuera de ordenación y genera inseguridad a numerosas familias del municipio
El PSOE San Miguel de Abona ha presentado una demanda judicial contra el Plan General de Ordenación Supletorio aprobado por el gobierno de Coalición Canaria, al considerar que el documento urbanístico está provocando graves perjuicios a vecinos y vecinas del municipio, generando inseguridad jurídica y afectando directamente a propiedades y viviendas consolidadas.
Desde el Grupo Municipal Socialista denuncian que el nuevo planeamiento aprobado por el gobierno municipal ha convertido terrenos anteriormente clasificados como urbanos en suelo rústico, además de dejar numerosos viviendas fuera de ordenación, una situación que está provocando preocupación e incertidumbre entre muchas familias de San Miguel de Abona.
Según explicó José Carlos Rodríguez Rodríguez, portavoz del PSOE San Miguel de Abona, "este plan general es un auténtico desastre para muchas familias de nuestro municipio. Estamos hablando de vecinos y vecinas que durante años tuvieron sus propiedades en suelo urbano y ahora ven cómo pasan a ser rústicas o quedan fuera de ordenación sin respuestas claras por parte del gobierno municipal".
El portavoz socialista añadió además que "cuando tantas personas recurren un plan general, el problema no es de la ciudadanía. El problema es un gobierno de Coalición Canaria que ha aprobado un documento de espaldas a la gente, sin diálogo suficiente y sin pensar en las consecuencias reales que esto tiene para el futuro de San Miguel de Abona".
Es muy grave que un documento de tanta importancia para el futuro del municipio haya salido adelante sin consenso suficiente y sin escuchar adecuadamente a la ciudadanía afectada. No se trata únicamente de una posición política del PSOE, sino que también empresas y particulares han decidido acudir a los tribunales para recurrir al plan urbanístico.
La planificación urbanística debe realizarse desde la seguridad jurídica, el equilibrio territorial y el respeto a las personas que viven y desarrollan su proyecto de vida en el municipio. Por ello, Rodríguez afirmó “seguiremos utilizando todas las vías necesarias para defender los intereses de la ciudadanía”.
“Nosotros vamos a defender a la gente de nuestro pueblo donde haga falta y, si tenemos que acudir a los juzgados para proteger los derechos de nuestros vecinos y vecinas, lo vamos a hacer”, concluyó José Carlos Rodríguez Rodríguez.