El PSOE San Miguel de Abona ha denunciado la ausencia de participación ciudadana real en la tramitación del Plan General de Ordenación Supletorio del municipio, señalando un retroceso evidente en los derechos de la ciudadanía respecto a procesos anteriores. Durante el pleno del mes de marzo, el grupo socialista aclaró que el menor número de alegaciones registradas en 2022 en comparación con 2017 no responde a una menor implicación vecinal, sino a un modelo de participación más restrictivo y menos accesible.

Esta diferencia en el modelo de participación ha tenido consecuencias directas. En 2017 se presentaron 1.607 alegaciones, fruto de un proceso cercano, accesible y adaptado a los horarios de la vecindad, ya que las reuniones se hacían por las tardes en los centros culturales. Sin embargo, en 2022, el número inferior de alegaciones no refleja una menor preocupación ciudadana, sino una clara limitación del acceso a la información y a los mecanismos de participación que aplicó Coalición Canaria de manera deliberada.

“Reducir la participación a una atención individual en horario de mañana es limitar de forma evidente el derecho de la ciudadanía a implicarse en decisiones clave para el municipio”, explicó Carol Alejandra Correa correa, concejal del PSOE San Miguel de Abona. “No se puede confundir a la población, menos alegaciones no significan menos interés, sino menos oportunidades reales de participación”. Para el PSOE San Miguel de Abona, no es comparable acudir al Ayuntamiento en horario de 8:00 a 15:00 para informarse, que recibir la información directamente en cada barrio, como sí se hizo anteriormente.

En 2022, el Ayuntamiento solicitó a la administración competente, el Gobierno de Canarias, la presencia de personal técnico en el municipio, habilitándose únicamente la asistencia de un jurista durante dos días a la semana. Tal y como reconoció Gesplan en la sesión plenaria, fue el propio Ayuntamiento quien requirió este modelo de atención individualizada, que a juicio de la formación socialista fue limitado y claramente insuficiente. Esta decisión responde directamente a la responsabilidad política del alcalde y su grupo de gobierno, que optaron por delegar la competencia urbanística fuera del municipio, en lugar de gestionarla desde San Miguel de Abona mediante una licitación pública y transparente que garantizara cercanía, medios suficientes y una verdadera participación ciudadana.

Para el PSOE sanmiguelero, la participación ciudadana no puede ser un trámite formal, sino un derecho efectivo recogido en la Constitución, que debe garantizarse con mecanismos accesibles, inclusivos y adaptados a la realidad de la población.